En qué medida y de qué forma la religión puede participar de los debates públicos.El tema del matrimonio entre personas del mismo sexo, más allá del debate en torno a si se trata de un derecho o de una aberración, nos ofrece una nueva oportunidad para pensar una cuestión crucial para las religiones: la de las formas que adquieren, o deberían adquirir, sus intervenciones en la esfera pública. Más específicamente, en relación con el catolicismo argentino, podría ser útil para reflexionar sobre los complejos vínculos entre la Iglesia católica, el Estado y la sociedad. Porque lo que hoy se discute en última instancia, aunque tácitamente, es el tipo de laicidad que queremos los argentinos, un tema que sería oportuno plantear de manera explícita y con serenidad.
Pueden pensarse dos polos opuestos en la disputa: de un lado, el que concibe como dado e indiscutible el derecho y el deber de la Iglesia católica de intervenir decisivamente en la definición del marco legal que ha de regir la comunidad nacional; de otro, el que afirma que ese marco debe ser diseñado con independencia de la Iglesia y de los valores religiosos, que no todos los argentinos comparten. En medio de esos dos polos extremos se extiende una amplia gama de posibilidades que sería necesario debatir para definir el tipo de presencia que los argentinos queremos concederle a la religión en nuestros asuntos públicos.
Contra lo que muchos pensaron entre fines del siglo XIX y mediados del XX, la modernidad no ha eliminado la religión, ni siquiera la ha herido gravemente. Tampoco ha desaparecido del espacio público para refugiarse en lo que los liberales decimonónicos llamaban “el santuario de la conciencia”. La persistencia de las religiones en sociedades plurales dibuja un escenario mucho más complicado que el que esa utopía vaticinaba. En la actualidad argentina, las religiones existen y pesan. Sobre todo, por obvios motivos, la católica. Aunque hipotéticamente se lo propusieran, el Estado y la ciudadanía no podrían ignorar la existencia de las religiones y las contribuciones que cotidianamente realizan a la vida colectiva en muy diversos campos. El Estado delega en ellas funciones que en un esquema de laicidad “ideal” debería cumplir por sí mismo. Todo sugiere que las religiones no pueden –ni quieren– prescindir del Estado, ni el Estado de ellas. Además, por varias razones, en general los argentinos confían más en sus referentes religiosos que en su clase política, lo que contribuye a fortalecer a la Iglesia como fuente de legitimidad.
Pero los debates públicos en los que se encuentra involucrada de alguna manera la religión se transforman fácilmente en combates de connotaciones civilizatorias, casi cósmicas. Sucedió en la década de 1880 con la discusión de las llamadas “leyes laicas”, ocurrió durante el conflicto entre Iglesia y peronismo en 1954-1955 y también con el de “laica o libre” de 1958. En buena medida, ello se debe a la manera en que los argentinos concebimos los debates públicos en general. El que se dio sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo, como suele ocurrir en este país, definió dos campos inconciliables entre los cuales no podía sino entablarse una suerte de guerra por la civilización. Unos se proclamaron defensores de la vida y acusaron a sus adversarios de estar por la muerte. De un lado y otro se enarbolaron las más altas banderas: la familia contra la disolución social, la libertad del hombre contra el oscurantismo, la naturaleza contra la aberración… Rápidamente los argentinos transformamos los temas de debate en combates entre el Bien y el Mal. Los instrumentos discursivos son la descalificación del oponente, la absolutización de las propias ideas sobre la base de esencialismos y afirmaciones metafísicas, la negación de la legitimidad de los intereses de parte. Me recuerda aquella fábula de Esopo en que la zorra y la cigüeña se invitaban mutuamente a comer, pero en piezas de vajilla en las que sólo el anfitrión podía hacerlo. Me recuerda también los cómics y las series televisivas de mi infancia: Batman y el Guasón, Control y Kaos, Cipol y Trosh. Si el debate en torno a las retenciones al agro se convirtió en una suerte de batalla intergaláctica, cuánto más debemos esperar que ello ocurra cuando se trata de discutir el lugar de la religión y la laicidad de las instituciones públicas.
En una sociedad plural y democrática, como la que quisiera para mi hijo y para mis nietos cuando lleguen, los intereses de parte fundados en creencias o en meras ventajas materiales deberían ser vistos como legítimos. Defenderlos no tiene por qué ser objeto de descalificación en nombre de utopías unanimistas que se autoproclaman defensoras de la Naturaleza, la Civilización, el Individuo, la Vida, la Sociedad, la Patria o la Familia (todo con mayúsculas).
Es legítimo que los productores rurales reclamen el fin de las retenciones, que los homosexuales que quieren casarse exijan el matrimonio y que los que se oponen a la ley se expresen con libertad. No hay futuro si no es sobre la base de la negociación, que implica ante todo ver en el otro un interlocutor legítimo y digno de ser escuchado.
Por lo que hace a la intervención de las religiones en el espacio público, valdría la pena distinguir, como lo hizo el sociólogo José Casanova en un libro que ya tiene sus años, entre sociedad política y sociedad civil.1 Las religiones pueden contribuir al debate público de multitud de temas con la sola condición de que admitan las reglas del juego, entre las que se cuenta la aceptación de la autonomía y del carácter plural de la sociedad. El problema es cómo intervenir y dónde poner las fichas, si en la sociedad civil o en la sociedad política. Una cosa es movilizarse para manifestar las propias convicciones y otra es hacer lobby para que los gobernantes, que representan a toda la ciudadanía, obren de acuerdo a las aspiraciones y valores religiosos.
La Iglesia Católica argentina, en cambio, está acostumbrada a actuar en el plano de la sociedad política. Es revelador, en este sentido, que haya instituido una “Comisión de seguimiento parlamentario”. La Conferencia Episcopal parece concebirse a sí misma como una suerte de “parlamento moral” con derecho a juzgar acerca de la legitimidad de las decisiones que toma el poder político. Los obispos anteponen la custodia de los que consideran los “verdaderos valores” de la nación a su condición de pastores de una comunidad creyente. Además, confunden a su grey con la sociedad en su conjunto. Estarían en su pleno derecho, por ejemplo, si se dirigiesen a los homosexuales católicos –que son muchos– para que se abstengan de ampararse la ley que les permite el matrimonio. ¿Por qué tratar de modelar el marco jurídico que rige la vida de todos los argentinos de acuerdo con los valores católicos? Uno de los fundamentos de la modernidad es la autonomía del individuo, su libertad para someterse o no a las normas religiosas, que pueden coincidir o no con las que la sociedad se da a sí misma a través de sus representantes. Por otro lado, las preocupaciones de los obispos están más focalizadas en la normatividad de los comportamientos que en otros temas relativos a la fe. La modernidad, que ha desalojado a la religión del lugar fundamental que ocupaba en las sociedades antiguas, suscita permanentemente cuestiones que hacen a la trascendencia y a la vida espiritual.
La vida colectiva también crea grandes problemas que las religiones pueden contribuir a resolver, de la pobreza a las drogas, de la necesidad de generar responsabilidad ciudadana a los ataques a los derechos humanos fundamentales. La transmisión y la defensa de los valores religiosos no tienen por qué desplegarse en el escenario del parlamento, de los partidos o de los ministerios.
Con la actitud que una y otra parte en liza han asumido en el debate sobre el matrimonio entre personas del mismo sexo se entabló una especie de guerra, a más de ficticia, contraproducente e inútil, entre “religiosos” por un lado y “homosexuales” por otro, con lo que han quedado al desnudo, una vez más, las dificultades de los argentinos para aceptar la legitimidad de otros valores y puntos de vista. Ha quedado en evidencia también nuestra falta de madurez para encarar con serenidad los grandes temas que hacen a nuestra vida democrática y al papel que las religiones pueden y deben jugar en su reconstrucción. Ha quedado claro, por último, que el episcopado está dispuesto a invertir ingentes energías en la tarea de moldear a la sociedad argentina a través de las leyes que la rigen, en lugar de volcarlas en la promoción de los valores cristianos por medio de otros canales.
1. J. Casanova, Public Religions in the Modern World, Chicago: University of Chicago Press, 1994.
