José R. es un misionero laico perteneciente a una congregación religiosa católica de derecho pontificio que reside en una ciudad del sur de Nicaragua, situada a dos horas de la capital. Fue seminarista y conoce bien a los obispos expulsados por el régimen Ortega-Murillo, puesto que los tuvo como mentores. Entre ellos, monseñor Silvio José Báez, obispo auxiliar y vicario general de la Arquidiócesis de Managua, quien abandonó el país por orden del Papa Francisco, que «no quería otro obispo mártir».
Con prelados y sacerdotes ha seguido manteniendo relación a lo largo de los años y le cuentan cómo desempeñan sus funciones en tiempos difíciles, pese a que tienen prohibición de expresarse públicamente y mantienen un bajo perfil en Nicaragua para evitar represalias, ser señalados o desterrados.
El pasado 14 de noviembre, el Consejo Episcopal Latinoamericano (CELAM) informó de la expulsión del presidente de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, monseñor Carlos Herrera, por el régimen de Ortega. Con él son ya tres los obispos expulsados del país, al igual que el nuncio. El informe más reciente sobre la situación de la Iglesia Católica en el país revela que ha sido objeto de 879 ataques por parte del Gobierno nicaragüense, que ha suspendido cerca de 10.000 procesiones y eventos religiosos. Las últimas prohibiciones impiden a los sacerdotes dar la unción a enfermos en hospitales y clínicas.
José R. prefiere no dar a conocer su apellido y evita que se grabe su rostro por razones de seguridad. Sobre la orden a la que pertenece, explica que no puede mencionarla porque podría llegar a ser identificado fácilmente. Con todo, ofrece un testimonio excepcional sobre cómo sacerdotes y fieles continúan profesando su fe, puertas adentro en los templos, bajo uno de los regímenes más oscuros del continente americano y que tiene a la Iglesia católica en el punto de mira.
En octubre de 2020 se vió obligado a abandonar el país debido al aumento de los destierros. Regresó en febrero de 2022 y desde entonces ha mantenido un perfil bajo, trabajando en formaciones y talleres con comunidades ligadas a la Iglesia, que es lo único que queda en Nicaragua con una estructura organizada.
Sobre la expulsión de monseñor Carlos Herrera, expresa: "Aunque monseñor Carlos era crítico del Gobierno, su postura era pasiva en comparación con otros como monseñor Rolando Álvarez, cuya expulsión tuvo mayor impacto por su carácter más confrontativo. La salida de obispos ya no sorprende, es el cuarto obispo que se ve obligado a abandonar el país. La situación refleja cómo el régimen busca debilitar a la Iglesia, pero también muestra su gran resiliencia al seguir funcionando a pesar de los ataques".
En ese contexto, describe el día a día de los sacerdotes: "Aquí todo el ejercicio de fe está confinado a los templos. Los sacerdotes son hostigados regularmente por visitas «amistosas» de la policía o del secretario político del Gobierno. Deben avisar al vicario episcopal de la zona de cada movimiento fuera de sus parroquias y, si no lo hacen, les advierten de que «nadie responde» por su seguridad".
"Los sacerdotes han aprendido a sobrevivir, está este miedo de no saber con quién hablar o compartir, porque al final, nunca se sabe quién está escuchando. Además, enfrentan vigilancia constante, incluso dentro de las estructuras eclesiales, lo que genera desconfianza entre ellos mismos", indica.
Cuando se recrudeció la represión contra la Iglesia, los templos se fueron vaciando parcialmente, pero quienes asisten ahora lo hacen con una fe más consciente y profunda, sabiendo que ser católico en Nicaragua implica riesgos. Aunque el número de fieles ha disminuido debido a la migración y la represión, quienes permanecen muestran un compromiso genuino con su religión. "Uno ya no puede decir nada, no hace falta ser político o activista social. La gente está consciente de lo que pasa y en medio de eso intenta vivir la fe de manera más pura", explica.
Restricciones que enfrenta la Iglesia para mantenerse en contacto con sus comunidades
Las celebraciones están limitadas al interior de los templos. Procesiones, actividades al aire libre o cualquier manifestación pública de fe están prohibidas. Esto también afecta el contacto entre sacerdotes y fieles en comunidades rurales, donde antes se realizaban actividades en espacios públicos. Ahora, todo debe ocurrir dentro de instalaciones eclesiales, y los sacerdotes deben regresar a sus parroquias después de cada celebración.
Refiriéndose a la hostilidad de Ortega hacia la Iglesia, el misionero asegura: "Esto es revancha. Desde 2018, la Iglesia ofreció refugio a los manifestantes y facilitó el diálogo entre Gobierno y oposición. Aunque no fue confrontativa, tampoco se sometió al discurso oficial. Hoy en día, con la ausencia de partidos políticos y movimientos sociales, la Iglesia es la única institución que representa un riesgo para el régimen".
En esta situación, considera que el Vaticano mantiene un perfil bajo y ha hecho pocos pronunciamientos públicos, lo que ha generado críticas. Sin embargo, esto permite que figuras como el cardenal Leopoldo Brenes sigan siendo un canal de comunicación con el Gobierno, especialmente en temas como la treintena de presos políticos.
"En países como Cuba o Venezuela hay ataques puntuales, pero no un hostigamiento sistemático como en Nicaragua. Fuera del continente, se ven casos en África o algunas regiones de Oceanía, pero en Hispanoamérica, donde es la religión mayoritaria, esto es único", amplifica.
El futuro de la Iglesia en Nicaragua
A pesar de todo, la Iglesia ha mantenido viva la esperanza. Los templos se han convertido en refugios no solo físicos, sino emocionales y espirituales. El Gobierno ha intentado socavar su autoridad moral, pero ha logrado lo contrario: fortalecerla.
Fuente: El Debate
