Restricciones sanitarias por el covid

Severa crítica del CALIR por la irrupción de la policía en una misa

El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa -que agrupa a personalidades de los principales cultos- afirmó que “la opinión pública vio con perplejidad y alarma” las imágenes de esa intervención. Y que el Gobierno transgredió premisas en la materia.
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El Consejo Argentino para la Libertad Religiosa (CALIR) criticó la irrupción el pasado fin de semana de la policía durante la celebración al aire libre de una misa de primeras comuniones en la localidad de Adrogué, en el gran Buenos Aires, con el fin de intimar al cese de la ceremonia por considerar que se estaban violando las restricciones sanitarias impuestas por el gobierno provincial.

En esa ocasión, el sacerdote oficiante, Guillermo Robles, párroco de la iglesia Corpus Christi, de Temperley, les dijo a los efectivos que estaba cumpliendo con las medidas, ya que la celebración no se estaba haciendo dentro de un templo y respetaba el 30 por ciento del aforo.

Pero los oficiales -que dijeron haber recibido una denuncia de vecinos- afirmaron que las últimas disposiciones solo permiten que se congregue a abierto diez personas. No obstante, permitieron que el sacerdote terminara la celebración de la misa.

En una declaración, el CALIR comienza diciendo que “la opinión pública ha visto con perplejidad y alarma las imágenes de una irrupción policial en una misa católica que se celebraba al aire libre y con reducido número de concurrentes, en la provincia de Buenos Aires, invocando la prohibición gubernamental para actos de culto”.

La entidad -que preside el abogado y profesor de la UCA Juan Navarro Floria y está integrada por personalidades de los principales culto que actúan en el país- advierte a continuación que “hechos similares han ocurrido en otros lugares durante los meses pasados”.

Puntualiza que “al comienzo de la pandemia del COVID 19 la Corte Y la Comisión Interamericanas de Derechos Humanos recordaron a los gobiernos que las legitimas medidas sanitarias para proteger la salud pública nunca podían implicar la suspensión de los derechos fundamentales, entre ellos la libertad religiosa.

“Y que las medidas restrictivas de derechos -añade- debían ajustarse a parámetros muy estrictos, tales como ajustarse a los principios de estricta proporcionalidad, temporalidad, legalidad (ser impuestas por ley formal) y no discriminación”.

No obstante, advierte: “Constatamos con tristeza que esos limites han sido y siguen siendo transgredidos en la Argentina”.

Considera que “es incomprensible que medidas de restricción de derechos fundamentales se sigan tomando de manera inconsulta, sorpresiva y por decreto, cuando existe un Congreso en funciones que debería discutir y acordar las medidas estrictamente necesarias para el cuidado de la salud pública sin lastimar innecesariamente otros derechos”.

“Menos aún se entiende -subraya- que las restricciones a la libertad religiosa sean a veces dispuestas por autoridades provinciales de segundo o tercer nivel, o incluso municipales, exhibiendo además un notable desconocimiento de la materia religiosa, de la diversidad existente y de las profundas necesidades espirituales de las personas”.

Señala que “a esta altura carecen de todo sentido y proporcionalidad las prohibiciones genéricas que no tienen en cuenta las diferencias edilicias, la posibilidad de realizar celebraciones religiosas en espacios abiertos con adecuada distancia entre los participantes, y la existencia de normas dadas por las propias autoridades religiosas para prevenir riesgos a los fieles”.

“Es injustificable que se desconfíe de la prudencia y el interés de las comunidades en cuidar a sus propios miembros”, afirma.

Asevera que “todo esto se agrava por la confusión que provocan anuncios que no se concretan en normas claras, en un contexto de lamentable manipulación político-partidaria de la pandemia”.

“Exhortamos al Congreso de la Nación a asumir su responsabilidad indelegable de garantizar los derechos fundamentales de los ciudadanos, comenzando por la libertad religiosa; a las autoridades de todos los niveles a evitar prohibiciones o restricciones innecesarias e inconsultas y que exceden sus propias atribuciones; y a los ciudadanos y a las confesiones religiosas a defender con prudencia pero con firmeza sus propios derechos y los de aquellos que no tienen los medios para hacerlo pero sufren los excesos que denunciamos”, concluye.

Fuente: VR